Se podría aventurar sin temor a equivocarse que es imprevisible saber cómo va a reaccionar un idioma ante una norma, porque sucede que dos comunidades lingüísticas ante las mismas leyes reaccionen de forma completamente distinta.

El Gobierno de Guatemala, allá por 1825 cuando el Imperio se extinguía, proclamó, no solo la vigencia y oficialidad del español, sino además su deseo de acabar con las lenguas indígenas. En esos momentos se hablaban en Guatemala, además del español, otras 23 lenguas distintas, la mayoría sin alfabeto. El Decreto decía así:

«El Congreso Constituyente del Estado de Guatemala, considerando que debe ser uno el idioma nacional, y que mientras sean tan diversos cuanto escasos e imperfectos los que aún conservan los primeros indígenas y que no son iguales ni comunes los medios de ilustrar a los pueblos, ni de perfeccionar la civilización en aquella apreciable porción del Estado, ha tenido a bien decretar y decreta: los párrocos, de acuerdo con las municipalidades de los pueblos procurarán por los medios más análogos, prudentes y eficaces, extinguir el idioma de los primeros indígenas.»

No es que los guatemaltecos fueran más brutos o descastados que otros pueblos, en realidad no estaban inventando nada que otros estados no hubieran hecho antes, intentaban extender en su territorio una sola lengua que sirviera de vehículo educativo y de comunicación oficial.

¿Y qué pasó? Pues pasó que el español se impuso como lengua común, pero he aquí que las lenguas guatemaltecas se conservaron en su gran mayoría y además perseveraron adoptando el alfabeto español para su escritura.