El hecho de ser una persona alfabetizada y tener unos conocimientos de cultura general no es garantía de que podamos comprender cualquier texto con el que tengamos que lidiar en un momento u otro de nuestra vida.

¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos que entender un contrato bancario?, ¿el veredicto de un juicio?, ¿el consentimiento sanitario? Que nos podemos encontrar con textos que no comprendemos. Entenderemos las palabras, estarán bien construidas las frases y sin embargo, su significado se nos escapará.

Así como Andrés Trapiello ha «acondicionado» El Quijote para que llegue a todos los públicos, sería bueno que existiera una institución que dictara unas normas orientativas para el uso de un español comprensible. Porque la lengua no es solo el diálogo de las películas, las conversaciones que mantenemos, el idioma de los informativos… la lengua es también el texto de la declaración de la renta o el del prospecto de una medicina.

La lengua común es uno de los pilares de la igualdad entre los ciudadanos de un país. Cualquier persona adulta, puesto que la enseñanza mínima es obligatoria, debería poder comprender los textos que le afectan más allá de su edad, posición social u origen geográfico.

Sería revolucionario y tremendamente beneficioso contar con una institución que pusiera a disposición de los ciudadanos un conjunto de buenas prácticas que facilitara la comprensión lingüística a todos.